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Para el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, a cargo de la investigación después de que fue corrida del cargo Viviana Giorgi, "Bebote" Alvarez, Pablo Moyano y parte de la barra se dedicaron entre 2014 y 2017 a defraudar al club de Avellaneda mediante lagestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y "protocolos" de acceso a los partidos del equipo, "por fuera del ámbito societario" y "sin ingresar al patrimonio del Club los ingresos correspondientes" a esas entradas.

Según declaró en su indagatoria "Bebote" Alvarez la organización levantaba en un pendrive datos de socios falsos y entradas de protocolo en una oficina del edificio Franco Argentino, en el segundo piso de la calle Hipólito Yrigoyen 460, en Capital, y que las retiraba Damián Lagaronne, otro de los detenidos, ya que Alvarez estaba peleado con Pablo Moyano.

De acuerdo con el relato, de ahí iban a la sede del club, ubicada en la avenida Mitre 470, de Avellaneda Centro, donde con ese pendrive imprimían bonos, protocolos y constancias de pago de cuotas sociales, que luego ensobraban. "Damián pasaba a buscar los protocolos de las plateas que les daba Moyano, que eran 100, los bonos para entrar a la Tribuna norte Baja, por una cantidad de 1.200 y los bonos que no estaban tributados", fue la versión de Alvarez y agregó que les entregaban ya los bonos ensobrados por barrios y que Lagaronne los repartía.

También se los acusa de extorsionar, amenazar, coaccionar e intimidar mediante el uso de violencia física y verbal con armas de fuego a las autoridades de organizaciones privadas y estatales de seguridad en eventos deportivos, cuerpo técnico, dirigentes y jugadores "con el objeto de mantenerse al mando de la facción de la hinchada y con ello obtener beneficios económicos" a través de la recaudación de dinero para viajes y entradas para la reventa.

Y lo mismo habrían hecho, según la acusación, con los espacios públicos de los alrededores del estadio Libertadores de América, "con el objeto de obtener réditos económicos con el manejo de parrillas y otros puestos callejeros" y el cobro de dinero para estacionar en la zona de la cancha.

Además, la Justicia sindica a esta organización ilegal como responsable de actuar comofuerza de choque para intimidar y amenazar a personas marcadas a fines de un rédito económico o en beneficio de terceros.

Según cree el fiscal Scalera, la barra (que de acuerdo a su investigación integra de alguna manera Pablo Moyano) usó su poder para generar y obtener concesiones en los accesos a los partidos y a las instalaciones del club, algo que los socios del club saben que sucede en desde al menos principios de los años 2000, mucho antes de la asunción al "poder rojo" de los Moyano. También usó su influencia para evitar los controles supuestamente rigurosos de acceso al estadio, con el fin de ingresar objetos o sustancias prohibidas.

En este contexto, para los investigadores, Pablo Moyano se benefició de la defraudación a Independiente mediante la obtención, impresión oculta y reventa de entradas y "protocolos" por afuera del estatuto social del club.