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Hay leyes provinciales, nacionales e incluso supranacionales que establecen específicamente qué tienen que hacer las autoridades con los denominados "residuos peligrosos", aquellos materiales que una vez que dejan de ser útiles, deben ser tratados de manera especial por el riesgo que representan para la salud pública. En ese grupo están incluidas las viejas lámparas de alumbrado público, compuestas en muchos casos por elementos como el mercurio o el sodio. No son reutilizables y deben ser destruidas por empresas y profesionales capacitados.

Con el avance tecnológico, la sustitución de las luminarias antiguas por lámparas más modernas se volvió una necesidad impostergable, básicamente por tres motivos: dañan el medio ambiente, consumen mucha energía y afectan a la población. Fue así que en 2011 comenzó un plan de recambio en toda la Argentina y para fin de este año toda la iluminación debe ser completamente nueva.

Sin embargo, en cientos de lugares estas normativas no se cumplen, o por lo menos hay una fuerte sospecha. Según una investigación de la Asociación Inquietudes Ciudadanas (una ONG con experiencia en temas ambientales) reflejada por Infobae, hay al menos 30 municipios bonaerenses en los que hay una potencial contaminación por mercurio con el alumbrado público que fue reemplazado.