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Loretta Preska suspendió hasta el 7 de diciembre el juicio por la reestatización de YPF. La jueza del segundo Distrito Sur de Nueva York esperará al resultado de las elecciones presidenciales del 27 de octubre; sucede ante lo que percibe es una especie de vacío de poder en cuanto a la posibilidad de definir una estrategia concreta de parte de la Argentina.

Preska esperará ahora saber quién será el próximo Presidente y qué estrategia legal planteará ante el caso. Esto es, si mantendrá el planteo argentino que apunta a la suspensión del juicio en Nueva York y su traslado a los tribunales de Buenos Aires; o si la nueva administración que suceda a la actual, modifica la estrategia. Especialmente en el argumento basado en la existencia de no reconocer la operación de compra que el fondo inglés Burford concretó en los tribunales de Madrid, luego de la presentación en quebrando de Petersen Energía por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner renacionalizó la petrolera en 2012.

Si finalmente Alberto Fernández es el vencedor de las elecciones de octubre, será entonces él quién deberá armar una estrategia de litigio en un tribunal de Nueva York, que el kirchnerismo conoce muy bien. Fue allí donde durante años el anterior gobierno batalló, sin éxito, ante el juez Thomas Griesa por el Juicio del Siglo planteado por los fondos buitres por la deuda caída en default en 2001.

Preska tomó la decisión, al observar en las últimas semanas que el país se demoraba en el compromiso de aportar las pruebas que, según los abogados del estudio Skadden que representan al país, iban confirmar la existencia de hechos de corrupción en el momento de concretar la operación de ingreso de socios privados a la compañía durante la gestión de Néstor Kirchner. Con esto, aseguraban desde la Procuración del Tesoro (que lleva adelante la representación legal del caso a nombre del Gobierno Nacional) se provocaría un golpe directo al corazón del reclamo del fondo Burford.

El 25 de julio pasado, Preska le había dado cierta credibilidad al reclamo argentino; otorgándole más plazo a los abogados contratados por la Argentina para que presentaran las pruebas necesarias para justificar la posición de una mudanza de la causa. Si bien no había dado ninguna pista sobre si podría aceptar o no el reclamo, le permitió al país contar con un plazo prudencial de varios meses; para que presenten pruebas y contrapruebas sobre las sospechas de irregularidades en la operación de apertura de capital a la compañía. Y, a partir de esto, de quedar eventualmente fuera de responsabilidades por no haber extendido al resto de los accionistas la oferta de compensación que se le había concretado a los españoles de Repsol.

Si bien la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York estaba lejos de darle la razón a la defensa de la Argentina y la petrolera, el Gobierno había conseguido un éxito en la extensión de los plazos. Incluso se especulaba con que la resolución podría extenderse hasta comienzos del 2020. Eran tiempos en los que el Gobierno de Mauricio Macri creía navegar en aguas tranquilas hacia la reelección, con lo que se consideró que la mejor estrategia en el juicio por YPF era ganar tiempo y resolver la cuestión cuando los tiempos políticos le otorgaran la garantía de cuatro años más de gestión.

Todo se complicó con el resultado de las Paso. Después del 11 de agosto, los abogados que representan al país le habían indicado a Preska que la elaboración y envío de las pruebas prometidas estaban demoradas “por cuestiones políticas”, y que había que esperar un tiempo más hasta poder organizar la información. Como las demoras se fueron ampliando, Preska pidió a los abogados que aclararan la situación.